Durante el siglo XX creció la superficie protegida en el mundo, pero decayó su calidad. En muchas zonas se llevan a cabo actividades contrarias a la conservación como la minería o la caza furtiva, otras no disponen de los recursos necesarios para conseguir sus objetivos, incluso se han descatalogado áreas protegidas. Es necesario un mayor esfuerzo internacional.

Del 12 al 19 de noviembre tiene lugar en Sídney, Australia, el Congreso Mundial de Parques de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), donde se debatirán esta y otras cuestiones de relevancia para el futuro del planeta, en un encuentro que se celebra una vez cada diez años, por lo que no se puede desaprovechar.

La inauguración viene precedida de la publicación de un artículo en Nature titulado Los resultados y el potencial de las áreas protegidas, en el que han participado expertos de la Wildlife Conservation Society, la Universidad de Queensland, en Australia, y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN (CMAP).

En el texto, los autores determinan que con el 2,5% del dinero que se destina a fines militares en todo el mundo cada año, lo que supondría entre 45.000 y 76.000 millones de dólares, las áreas protegidas dispondrían de suficientes recursos para beneficiarse de una gestión adecuada y contribuir así al bienestar del planeta, además de cumplir su labor social e impulsar las economías locales.

En la actualidad, el 15% de la superficie terrestre y el 3% de la marina se encuentran en situación de protección, lejos aún de los objetivos mundiales para 2020, cifrados en el 17% y el 10%, respectivamente. Por otro lado, una parte significativa de estas áreas no abarca las zonas realmente más importantes para la biodiversidad o no tiene los recursos suficientes para cumplir su función.

Marc Hockings, de la Universidad de Queensland, coautor del estudio y miembro de la CMAP, sostiene que “algunas de las áreas protegidas más emblemáticas, como el Parque Nacional de las Islas Galápagos, en Ecuador, están experimentando un gran deterioro, en parte debido a la incapacidad de efectuar una gestión eficaz”. Pero Hockings no culpa solo a los gobiernos responsables, cree que hay una forma mejor de gestionar estos espacios, que surja del consenso entre los políticos, las empresas y los grupos comunitarios.

El estudio también destaca una serie de actuaciones negativas para el medio ambiente, de alarmante tendencia en los últimos años, que vienen sucediendo alrededor del globo y en todo tipo de economías: la reducción de recursos, los recortes presupuestarios, la modificación de políticas, el incumplimiento de compromisos e, incluso, la retirada de la categoría de protección de determinadas zonas. Se han documentado 543 casos de pérdida parcial o absoluta de protección en todo el mundo.

Por ejemplo, en Canadá se han reducido los gastos de conservación en un 15%; en Uganda, hay actividades petrolíferas en el Parque Nacional de Murchison Falls; en Indonesia, se concedieron, en 2010, permisos de explotación minera en 481.000 hectáreas protegidas; en el Parque Nacional Yugyd Va de Rusia se permite la minería; el santuario del órix árabe, en Omán, fue retirado de la Lista del Patrimonio Mundial para permitir la extracción de petróleo y gas. Sin irnos tan lejos, en España, la nueva ley de parques contempla actividades de explotación en las zonas de mayor protección del país.

Aunque parezca imposible, la importancia de las áreas protegidas aún no ha sido comprendida por los gobiernos y por el sistema capitalista, a pesar de que la rentabilidad de ciertos espacios protegidos está sobradamente demostrada: con un presupuesto de 50 millones de dólares australianos, el Parque Marino de la Gran Barrera de Coral, en Australia, recaudó 5.200 millones en el bienio 2012-13, gracias al turismo. No quedan, por tanto, excusas para no dedicar más recursos a la conservación.