Así de claro lo ha dejado David Gee, en la presentación ayer 19 de noviembre, del informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente “Lecciones tardía de alertas tempranas: ciencia, precaución, innovación”. Un segundo volumen que viene a completar el que ya se publicó en el año 2001. Gee, experto en política sanitaria y riesgos ambientales de la Agencia Europea de Medio Ambiente, se ha encargado de coordinar este libro en el que colaboran decenas de expertos internacionales, y que contiene en su interior 12 lecciones pertenecientes al volumen anterior y 20 nuevos casos de estudio fundamentales para entender la complejidad de estas cuestiones sobre Medio Ambiente y vida, porque por desgracia, las consecuencias siempre se han inclinado al lado de la balanza más negativo.

Casos en los que los estados competentes hicieron caso omiso cuando empezaron a saltar las primeras señales de alarma, y que el tiempo solamente ha constatado la certificación de su existencia. Una triste realidad que viene sucediendo con multitud de sustancias, aparatos, plantas, etc; y que parece ser la tónica en nuestra sociedad contemporánea.

La solución consistiría en no sacar al mercado determinados productos de los que no se sabe nada sobre su toxicidad, sobre todo a largo plazo, pero lo más sorprendente es que se sigue haciendo innumerables veces con el beneplácito de los gobiernos. Los intereses económicos son mucho más fuertes, que reparar los daños si realmente llegan a verificarse. En nuestra mente se amontonan imágenes de personas que han sido víctimas de estas negligencias por la falta de ese principio de precaución, que debería aparecer como uno de los 10 mandamientos a tener en cuenta cuando se dirige un país. Algo que no solamente quede en los papeles, y que luego en la práctica no se lleve a cabo, sino algo que esté presente de manera natural.

No se trata de un exceso o una exageración desmedida ante determinadas situaciones, es que la salud de todos los ciudadanos está implicada. Según aparece en el informe, tres son las claves para entender lo que ha ocurrido en los distintos casos: había evidencia más que suficiente para tomar medidas mucho antes; existía un comportamiento lento y a veces obstructivo de las industrias cuyos productos ponen en peligro a los trabajadores, al público y al medio ambiente; y el valor de la investigación científica independiente y de las valoraciones de riesgos. Como en algunos de los casos tratados en el informe: el plomo de la gasolina, el percloretileno de las tuberías, la enfermedad de Minamata, la enfermedad de berilio, la industria del tabaco, el cloruro de vinilo, el bisfenol A, el pesticida dibromocloropropano, etc.

Una de las conclusiones principales es que “podría merecer la pena cambiar la política pública hacia la evitación del daño, aun a costa de algunas falsas alarmas”, pero antes habría que inculcar a los científicos sobre el manejo de estas condiciones, ya que según comenta David Gee, “no reconocen que la incertidumbre e ignorancia de la ciencia están demasiado adheridas a paradigmas científicos convencionales, y que esperan una evidencia muy fuerte antes de aceptar vínculos causales entre la exposición a agentes estresantes y el daño posterior”.

Pero la gran verdad reside en que por el momento: existen claras y continuas presiones a la comunidad científica para evitar que trascienda información incómoda, las dificultades para articular y conceder indemnizaciones justas a las víctimas, o incluso los factores que hacen que industria y poderes públicos no reaccionen con prontitud y precaución ante las primeras alertas.

Por ello, la Fundación Vivo Sano ha instado al poder político a que se comprometan con esta cuestión tan significativa. De ahí que 14 organizaciones sociales y ambientales, entre las que están la propia Agencia Europea del Medio Ambiente, Ecologistas en Acción, Greenpeace, CC.OO., la Fundación para la Salud Geoambiental o FODESAM, han tomado partido de cara a las próximas elecciones generales para lograr la aplicación real y efectiva del principio de precaución, firmando un llamamiento que irá dirigido a los responsables de Medio Ambiente de las distintas fuerzas políticas, resaltando en especial la necesidad de actuar frente a los disruptores endocrinos, que han sido asociados a problemas de salud como cáncer, diabetes, obesidad, alergias, asma, enfermedades autoinmunes o infertilidad, entre otras secuelas para la salud.