Cuando el abandono se convierte en fuego: la paradoja forestal española
El verano de 2025 está dejando un balance devastador: más de 403 171 hectáreas han ardido en España, según los últimos datos del Sistema de Información de Incendios Forestales (EFFIS) del programa Copernicus de la Comisión Europea, la gran mayoría en agosto. Esta cifra sitúa al año en curso como uno de los más destructivos de las últimas tres décadas y vuelve a recordar una realidad dolorosa: los incendios forestales no son sólo una consecuencia del clima, sino de la desatención y la falta de gestión activa de nuestros montes.
El Instituto de Ingeniería de España (IIE), en su reciente informe, advierte de la necesidad de un cambio radical en las políticas forestales. Más allá de los medios de extinción, imprescindibles en cada emergencia, el foco debe ponerse en la prevención, ya que España es el segundo país con más superficie forestal de la Unión Europea (UE).
Cifras de la superficie forestal en España
El 72% de la superficie forestal española es propiedad privada, más de 20 millones de hectáreas, cuya gestión corresponde a sus propietarios. El resto, un 28% son propiedad de las Administraciones Públicas (AA.PP.)
Los inventarios forestales nacionales muestran un incremento constante de la superficie forestal y de su espesura en las últimas décadas. Los montes españoles, han multiplicado por 2,5 su extensión en los últimos 80 años, y por 3 sus stocks de biomasa en los últimos 50 años, sin embargo, el aprovechamiento del monte ha retrocedido de forma abrupta.
Los bosques españoles ocupan más de la mitad del territorio (28 millones de hectáreas, de las que 18,5 son arboladas). Sin embargo, el aprovechamiento de la madera es muy inferior al de otros países de la Unión Europea: apenas se extrae un 35 % del crecimiento anual, mientras que el resto queda acumulado como biomasa altamente combustible. El resultado es un polvorín natural, especialmente en un contexto de calor, como se el que produce en España durante la época veraniega.
Políticas forestales obsoletas
La paradoja forestal española es clara: producimos tres veces más madera de la que aprovechamos y, al mismo tiempo, importamos casi la mitad del valor económico de los productos maderables. Esa falta de gestión convierte al monte en un espacio abandonado, donde la acumulación de combustible aumenta exponencialmente el riesgo de incendios.
Lamentablemente, se ha perdido mucha de la cultura de uso del monte, acumulada durante siglos.
La prevención, según el IIE, pasa por incrementar sustancialmente los presupuestos destinados a la gestión forestal, recortados drásticamente tras la crisis de 2008, y establecer planes de prevención de ámbito autonómico y local con financiación estable. Distintos sectores profesionales estiman que serían necesarios unos 1.000 millones de euros anuales para tratamientos selvícolas que garanticen la salud de los bosques y la reducción del riesgo de incendios.
Equilibrio entre conservación y dinamización del bosque
Además de la inversión, el IIE aboga por fomentar actividades económicas vinculadas al monte. La ganadería extensiva, el uso sostenible de la madera y la bioeconomía son herramientas que permiten mantener el monte limpio, rentable y habitado. Como resume el informe: “El monte rentable no arde”. Cuando los propietarios y la población rural encuentran en el monte un recurso productivo, el abandono se reduce, el territorio se dinamiza y la resiliencia frente a los incendios aumenta.
Sería necesario implementar medidas en pro de la gestión forestal requiere divulgar desde las edades más tempranas los numerosos recursos del bosque y los servicios ecosistémicos que aporta. Conviene hacer notar a la sociedad que los bosques no son espacios inamovibles y estáticos. Los bosques europeos son ecosistemas en continua evolución ancestralmente manejados por el hombre, manejo que debe continuar para que no se degraden, según aparece en la «Propuesta de Pacto por los Bosques» del el Instituto de Ingeniería de España.
En el plano energético, la propuesta del IIE conecta la prevención forestal. El uso de la biomasa forestal como fuente renovable puede reducir hasta en un 60 % la superficie quemada. La creación de redes de calor con biomasa, la instalación de equipos modernos de calefacción y el incremento del objetivo de generación eléctrica con centrales de mediana potencia permitirían transformar un riesgo —el exceso de combustible en los bosques— en una oportunidad económica y ambiental.
Recursos insuficientes y condenas por provocar incendios
Mientras tanto, la realidad de los incendios sigue siendo dramática. Para contener un fuego que se extiende sobre 40 000 hectáreas, como el registrado en Zamora-León en 2022 o los que han asolado este verano Extremadura y Castilla y León, se necesitan centenares de bomberos forestales, brigadas terrestres, maquinaria pesada y decenas de aeronaves. En Jarilla (Cáceres), donde ardieron más de 16 000 hectáreas, el dispositivo incluyó 460 efectivos y 26 medios aéreos. Estos recursos son imprescindibles, pero insuficientes cuando la magnitud del incendio supera la capacidad humana y técnica de extinción.
La ley también es clara frente a los incendios provocados: quienes los causan pueden enfrentarse a penas de hasta 20 años de prisión si ponen en peligro vidas humanas o provocan un desastre ecológico de gran envergadura. Incluso los incendios que no llegan a propagarse pueden acarrear condenas de seis meses a un año de cárcel.
La conclusión es inequívoca: España no puede resignarse a que cada verano el fuego arrase decenas de miles de hectáreas. Los datos de 2025 nos advierten de un futuro insostenible si no se actúa ya. La prevención, la gestión forestal activa, la inversión pública y privada, y el impulso a la bioeconomía rural son las claves para que la ecuación cambie.
Mientras el monte siga siendo visto como un territorio marginal y no como un recurso vivo y productivo, seguirá siendo pasto de las llamas.
