El pasado viernes 9 de enero se aprobó la nueva Ley de Montes. Según la información facilitada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, esta nueva Ley contribuirá a la conservación de la biodiversidad, la lucha contra los incendios forestales y el cambio climático, y al aprovechamiento económico de los recursos forestales. Los ecologistas no lo tienen tan claro y denuncian que la nueva Ley deja la puerta abierta a la recalificación de terreno quemado.

La anterior Ley de Montes, 43/2003, impedía recalificar el terreno quemado durante al menos 30 años tras el incendio. La nueva Ley de Montes aprobada por el MAGRAMA permite recalificar el terreno quemado si se justifica la existencia de un interés general prevalente, decisión que estará en manos de las comunidades autónomas.

Los ecologistas denuncian que existe el riesgo de que se vuelvan a provocar incendios para poder construir en zonas donde no está permitido debido a esta excepción a la prohibición general descrita en el artículo 50 de la nueva ley: las comunidades autónomas podrán acordar el cambio de uso forestal de un monte quemado cuando se den razones imperiosas de interés público de primer orden. Para la ministra, Isabel García Tejerina, no existe tal riesgo, pues según ella la intención de esta excepción es impedir que un fuego intencionado impida actuaciones de interés general.

Otro retroceso en la protección de los montes con la nueva ley que denuncian los ecologistas es la eliminación de la obligatoriedad de que todos los montes cuenten con un instrumento de gestión. Cada comunidad autónoma decidirá que monte privado deberá tener de forma obligatoria un instrumento de gestión y permitirá a los propietarios la creación de sus propios planes de gestión forestal. Los ecologistas advierten que esta medida da un »trato de favor a los aprovechamientos forestales de crecimiento rápido» al permitirles gestionar según su criterio.