El próximo Real Decreto que tiene que publicar el gobierno sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) debería incluir la prohibición de la obsolescencia programada, además de otras medidas para facilitar la reutilización y el reciclaje de estos desechos. Así lo solicitan varias asociaciones de carácter ecologista y social.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS), Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) se han unido para solicitar al Ministerio de Medio Ambiente (MAGRAMA) que priorice la reparación de los aparatos, en lugar de su inmediata sustitución por uno nuevo cuando aparece una avería.

Asimismo, se exige al Ejecutivo una adecuada gestión de residuos centrada en la reducción, pero que también debe mejorar la recogida y el destino final de los mismos, ya que actualmente impera el descontrol y la ineficacia en el sistema de organización. Los materiales con los que se fabrican la mayoría de dispositivos electrónicos son escasos y muy contaminantes y suelen extraerse en zonas de conflictos, donde no se respetan los derechos humanos y mucho menos el medio ambiente. Por ello, es fundamental que estas materias primas sean aprovechadas al máximo, bien en el aparato en el que sean empleadas, bien para la fabricación de nuevos productos.

En España, existen redes de reparación y reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos gestionadas por empresas sociales que dan empleo a 1.746 personas, una cifra que podría doblarse si se realizara el tratamiento adecuado a estos desechos. En Europa, los recuperadores sociales emplean a más de 40.000 personas.

EL FIN DE LA OBSOLESCENCIA PROGRAMADA

Pero hay una gran diferencia entre mejorar la gestión de residuos o fomentar las reparaciones para alargar la vida de los dispositivos y pretender acabar con la obsolescencia programada. Este principio sostiene desde su nacimiento al capitalismo y está tan arraigado en la población que no es que no produzca rechazo, sino que se lleva a cabo por iniciativa propia, siguiendo las modas o determinando el estatus social de las personas.

Otra de las complicaciones para acabar con la obsolescencia es la globalización. En Francia ya se ha decidido penar esta práctica y, próximamente, se espera el debate en la Unión Europea. En este punto, cabe preguntarse si esta medida evitará que los productos fabricados bajo esta premisa lleguen a entrar en el país galo procedentes de cualquier otro estado, sobre todo de aquellos productores masivos con escasa sostenibilidad como China o la India. A fin de cuentas, el problema no es a escala local, sino global.

¿Está dispuesta la población a renunciar a las modas y a la rápida renovación de los dispositivos electrónicos? Los impactos ambientales están más que probados pero su percepción es complicada en los países ricos, donde no hay escasez. Avances como la estandarización de los cargadores de smartphones o el carpooling pueden servir de inspiración para la lucha contra la obsolescencia planificada, una de las bases del capitalismo y, al mismo tiempo, uno de los principales enemigos del medio ambiente.