La industria química dispara un 60% su gasto en lobby desde 2020
La industria química desde 2020 ha incrementado en un 60% su inversión en lobby ante las instituciones comunitarias -ya supera los 46 millones de euros anuales-, según un informe publicado por Corporate Europe Observatory (CEO), “para debilitar las normas que protegen a los ciudadanos de los productos químicos y pesticidas nocivos”. Esta inversión estaría resultando “rentable”, ya que, en paralelo, la Comisión Europea ha puesto en marcha la mayor ola de desregulación jamás vista en la UE para desmantelar o privar de eficacia importantes leyes vinculadas a la seguridad química.
El documento de CEO, que desglosa la potencia económica que tienen los grupos de presión de la industria química, denuncia que entre los principales y más lamentables “logros” de este despliegue de lobby está, sin duda, el haber conseguido que la Comisión Europea renuncie a su compromiso formal de mejorar el deficiente Reglamento REACH, la principal norma europea sobre productos químicos. Con esto se ha perdido una ocasión histórica de mejorar la defensa de la salud y del medio ambiente frente a miles de sustancias peligrosas.
Sin embargo, como apunta Carlos de Prada, responsable de la iniciativa Hogar sin Tóxicos que colabora con European Environmental Bureau (EEB) en la difusión de estas problemáticas, “puede ser peor aún, ya que la industria, no contenta con haber frustrado la mejora del reglamento REACH, pretende ahora, en una maniobra sin precedentes, meter palos en la rueda para debilitar y dificultar la aplicación de una ley que, aunque manifiestamente mejorable tal y como está, ofrece al menos un mínimo grado de protección a los ciudadanos”.
Objetivo sabotaje
Esta maniobra de la industria ha quedado al descubierto tras la filtración de un documento que acaba de hacer público European Environmental Bureau (EEB). El texto destapa cómo el Consejo de la Industria Química Europea (CEFIC),que es el principal portavoz de los intereses del sector y líder de su inversión de lobby, dicta a la Comisión Europea una serie de medidas que, de llevarse a efecto, supondrían un considerable deterioro de las protecciones y obligaciones existentes y de la aplicación de aspectos clave del Reglamento REACH vigente, menoscabando la defensa de la salud humana frente a los riesgos tóxicos.
Según denuncia EEB basándose en dicho documento, CEFIC pretende que “la regulación de los productos químicos sea aún más compleja y costosa para las autoridades”, a fin de retrasarla, lo que prolongaría la exposición de las personas y el medio ambiente a sustancias peligrosas.
Algo escandaloso si se tiene en cuenta que, con el actual Reglamento REACH, ya se tardan más de 20 años de media en identificar y prohibir una sustancia tóxica.
Las medidas propuestas por CEFIC pretenden una reducción de los requisitos legales sobre los datos de toxicidad y la sustitución de pruebas experimentales fiables necesarias para determinar si las sustancias químicas son dañinas, por métodos más dudosos. Ello podría facilitar la comercialización de sustancias sin tener datos adecuados acerca de sus efectos. Además, se podrían ampliar las exenciones para permitir el uso de compuestos problemáticos y reducir aún más la ya de por sí escasa transparencia que hoy existe en el proceso de regulación de las sustancias.
Preocupa además que la industria pueda interferir más directamente en la labor de evaluación de riesgo de las sustancias tóxicas que desempeña la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA) entorpeciendo su trabajo, disfrazándolo como una “colaboración” o “negociación” con esa agencia.
Reforzar REACH
Ante esta situación, EEB, junto con otras organizaciones, ha solicitado a las instituciones europeas que, en lugar de debilitar el reglamento REACH y dificultar su aplicación, lo refuercen. Porque, como afirma Dolores Romano, responsable de políticas de productos químicos en EEB “en un momento de creciente evidencia sobre los impactos de la contaminación química en la salud humana y el medio ambiente, retrasar la acción es un riesgo que Europa no puede permitirse. Europa necesita una mejor implementación y cumplimiento».
La comunidad científica, a través de miles de investigaciones y numerosos informes y declaraciones, ha advertido que la contaminación química es un factor que puede estar contribuyendo de forma notable, a veces en conjunción con otros factores, al incremento de incidencia de numerosos problemas de salud en las últimas décadas, con un coste sanitario anual de decenas de miles de millones de euros. Como apunta De Prada “no parece de recibo que para que unas cuantas grandes empresas obtengan beneficios, se generen unas pérdidas económicas inmensas, astronómicas, para toda la sociedad a consecuencia de los daños causados en la salud y el medio ambiente”.
El responsable de Hogar sin Tóxicos denuncia que “se está ocultando a la opinión pública lo que está sucediendo en Bruselas, a pesar de que los ciudadanos podrán sufrir las consecuencias durante mucho tiempo, al reducirse el control sobre las sustancias tóxicas que pueden estar presentes en nuestros alimentos, en el agua y en productos cotidianos.
El actual Ejecutivo comunitario no defiende debidamente los intereses de los ciudadanos sino, ante todo, los de esas grandes corporaciones que gastan tanto dinero en llenar de lobbistas los pasillos de las instituciones.
Nunca la industria química había tenido tanta influencia sobre la Comisión Europea y aprovecha para proponer medidas que hace unos años serían simplemente impensables, intentando llevarse por delante o torpedear muchas leyes que les molestan”.
Recursos para influir
“Lamentablemente”, -concluye De Prada- “los que tienen más recursos para influir en las autoridades, teniendo acceso privilegiado y desproporcionado a ellas, son quienes se benefician con la comercialización y el uso de las sustancias tóxicas. No quienes defienden la salud pública al margen de intereses espurios, como la comunidad científica o algunas entidades de la sociedad civil. Ello hace que, al final, pueda acabar pesando más la fuerza de algunos intereses económicos que la fuerza de la razón y el bien común”.
Como se decía al principio, en relación con el informe de Corporate Europe Observatory (CEO) sobre la inversión en lobby de la industria química, todo esto sucede en el contexto de un cambio sin precedentes de la política de la Comisión Europea que, codo con codo con algunas industrias, de forma escasamente transparente, está lanzando numerosos planes para desmantelar a toda prisa o privar de eficacia, y sin respetar los debidos trámites, unas normas de protección de la salud frente a los contaminantes químicos que había costado décadas tener.
Hay que apuntar, sin embargo, que el informe de CEO no se limita al lobby de la industria química. También aborda las inversiones en lobby de las grandes tecnológicas, la banca y finanzas o las empresas energéticas. En el documento se advierte que hay empresas que declaran mucho menos de lo que destinan a tareas de lobby, por lo que las cifras reales pueden ser mucho mayores.
