Lo que para muchos podría ser una de las peores noticias, se convirtió en realidad cuando el pasado lunes se aprobó en el Congreso de los Diputados la reforma de la Ley de Costas.

A pesar de la oposición de varios partidos políticos (PNV, UPyD, grupo mixto, Izquierda Plural y PSOE), esta ley abrirá el litoral al negocio privado. Esto no sólo supone que 3.000 chiringuitos y 10.000 viviendas de playa podrán permanecer en nuestras costas, sino que se podrá construir aún más. El Partido Popular ha anunciado que incluirá 145 enmiendas que tendrán en cuenta el cambio climático, pero este no es el único problema que generará la reforma.

Algo que la mayoría sabe y ve, salvo a quiénes beneficia la reforma, es que ésta ni corrige los problemas que el litoral ya tiene ni cumple con la máxima sostenibilidad. Opositores políticos a la reforma, como Olaia Fernández Dávila (BNG), cree que legaliza lo ilegal y da una prórroga a las industrias contaminantes; O María José Rodríguez (PSOE), que a su juicio, “alienta la degradación de las costas a través de una amnistía ambiental”.

Por su parte, el PP habla en su favor diciendo que con la reforma, no se podrá construir donde antes estaba prohibido y que tampoco se permitirán obras que modifiquen el actual volumen de las propiedades ya construidas.

Lo que está claro es que esta reforma no ha evitado que nuestras costas vayan a seguir en peligro y, como siempre, el medioambiente es el que paga los platos rotos.

Fuente: El Mundo