La asociación española de fabricantes de pasta, papel y cartón cree que la nueva Ley de Montes es una gran oportunidad para incluir la gestión forestal sostenible en un mercado que aglutina a 30.000 empresas con más de 18.000 millones de euros de cifra de negocio.

ASPAPEL considera que la nueva ley debe aprovecharse tanto económica como ambientalmente. Para la asociación, hay tres claves: que existan proyectos de ordenación e instrumentos de gestión obligatorios, una política de incentivos y una fiscalidad específica y promover la agrupación de las pequeñas explotaciones.

España es, según la FAO, una de las principales regiones forestales de Europa junto con Rusia, Suecia, Finlandia y Francia. En 1990, el estado español contaba con 13,8 millones de hectáreas de bosque y desde entonces no ha parado de crecer, alcanzando los 17 millones en 2000 y los 18,2 al comienzo de la década actual.

En cuanto a la economía del sector, existen casi 30.000 empresas que dan trabajo a más de 170.000 personas en diversas especialidades como la selvicultura y la repoblación, las papeleras, las madereras, la industria del mueble, la biomasa, etc. La cifra de negocio de todas las ramas del sector forestal e industrial derivado del monte alcanza los 18.000 millones de euros.

La apuesta por la gestión forestal sostenible y su certificación no es nueva. Uno de sus principales obstáculos ha sido siempre la presencia de pequeñas explotaciones, geográficamente dispersas y sin modelos de gestión ordenados. Por eso ASPAPEL promueve la agrupación de estas propiedades, con el fin de facilitar la instauración de la gestión sostenible.

Para la asociación, la nueva ley debe introducir la obligatoriedad de los proyectos de ordenación, planes dasocráticos y modelos básicos de actuaciones forestales, tanto para los montes públicos como para los privados. Asimismo, solicita la creación de una ventanilla única en las comunidades autónomas, para mejorar los procesos de tramitación.

Ante los problemas de financiación, ASPAPEL propone una política de incentivos y una fiscalidad específica para dinamizar el sector y aprovechar al máximo su potencial. De esta forma, se pretende obtener productos forestales certificados, que son demandados tanto por el mercado nacional como por el de exportación.

También sería necesario que en los cultivos de cosecha intensiva con especie forestal no se pierda la calificación de suelo agrícola, como ocurre en la actualidad, cuando el 32% de la producción de celulosa de mercado ya está certificada, así como el 22% de la producción de papel, unas cifras que poseen un importante margen de mejora para relanzar la industria forestal española a nivel internacional.

La gestión sostenible de los bosques no solo es importante para el negocio, sino también para el medio ambiente. Un bosque bien gestionado tiene mejor salud y más vitalidad, sufre menos incendios y contribuye al desarrollo rural y a la generación de empleo. El aumento de la masa forestal es, además, una contribución vital en la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global.