El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) tiene previsto publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) durante el mes de abril el anuncio del concurso para la concesión de las obras de explotación y regeneración ambiental de la Bahía de Portmán, en el municipio de La Unión (Región de Murcia), uno de los peores ejemplos de contaminación sistemática y consentida de un espacio natural.

El ministro, Miguel Arias Cañete, ha presumido del “compromiso del Gobierno con este gran proyecto, que supone una importante obra de costas y una recuperación ambiental fundamental de un espacio degradado”, a la vez que recordaba que hace 20 años se vertieron al mar toneladas de residuos mineros contaminados “sin ningún control”. Por esas palabras se podría deducir que fue un hecho aislado o una lamentable decisión, pero la realidad es que esta contaminación se desarrolló a lo largo de más de 30 años y con el beneplácito de las administraciones.

La actividad minera moderna en las montañas de la Sierra de Cartagena-La Unión, en el entorno del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, comenzó en 1840 y se alargó durante los siguientes 150 años, debido a la presencia de reservas minerales de plata, hierro, zinc y, principalmente, plomo. A mediados del siglo XX, la mejora de la tecnología y del negocio dio origen a la situación que ahora se intenta arreglar.

La empresa que explotaba la zona, la Sociedad Minera Metalúrgica Peñarroya, comenzó a solicitar autorizaciones para verter en el mar en 1950. Sin embargo, estas le fueron denegadas en dos ocasiones debido a la alta toxicidad de los residuos y a la turbidez del agua, que amenazaba los recursos pesqueros de la zona. Otra turbidez, la de la administración de la época, le concedió mágicamente el permiso en 1959, tras presentar la compañía un informe técnico que aseguraba que los materiales serían llevados por las corrientes marinas a grandes profundidades.

La empresa, además, se comprometía a indemnizar a los pescadores y a detener los vertidos, que durarían 5 años, en caso de daño ambiental. En la primera autorización, los vertidos se debían realizar a 400 metros de la costa y con un máximo de 3.000 toneladas diarias, pero desde 1961 el ministerio permitió verter el doble y a solo 250 metros.

Fue en 1965 cuando empezaron a notarse los efectos en la bahía y comenzaron las protestas locales, pero no tuvieron éxito y los vertidos continuaron. En la década de 1980 el rechazo social era ya muy fuerte, pero no fue hasta 1990 cuando la empresa puso punto y final a esta actividad al bajar la rentabilidad.

Durante 31 años se vertieron a la bahía más de 60 millones de toneladas de residuos tóxicos, con una alta concentración de metales pesados como cadmio o plomo y la presencia de productos del lavado de minerales, como sulfato de cobre, cianuro sódico, sulfato de zinc y ácido sulfúrico. Como consecuencia, se produjo la colmatación de la bahía.

El proyecto contempla dragar todos los estériles existentes hasta llegar a los fondos marinos y a la línea original de la costa de los años 50 y será llevado a cabo por la empresa que gane la adjudicación, que tendrá que pasar la verificación ambiental del MAGRAMA. El material contaminante que inunda la bahía será comercializado, lo que ayudará a la compañía ganadora a rentabilizar la inversión, por lo que, según Arias Cañete, la regeneración de este enclave no supondrá ningún coste para el contribuyente.

La Bahía de Portmán se comenzó a contaminar hace más de 50 años y aún hoy los vecinos esperan el día en que se encuentre restaurada y se recupere la línea de costa borrada por unas 70 hectáreas de materiales tóxicos. No siendo este el primer anuncio de una administración con intenciones de recuperar la zona contaminada, es razonable la desconfianza que generan estos buenos propósitos, que ahora se ha encargado de transmitir Miguel Arias Cañete.