La Ley 21/2013, del 9 de diciembre, de evaluación ambiental fue aprobada el pasado 28 de noviembre por el Congreso y ya ha sido publicada en el BOE. Esta Ley pretende garantizar ‘una adecuada prevención de los impactos ambientales concretos que se puedan general, al tiempo que establece mecanismos eficaces de corrección o compensación’. Aprobada solo con el apoyo del PP, la Ley de Evaluación Ambiental ha generado opiniones diversas, siendo mayor la controversia en algunos puntos importantes.

El PP aprueba en solitario la Ley de Evaluación Ambiental

Con esta nueva Ley se pretende agilizar los trámites simplificando procedimientos, punto que ha generado opiniones negativas por parte de ONG’s ecologistas pues, con la intención de minimizar los periodos de espera y dar salida a los más de 10.000 expedientes que se acumulan esperando resolución, se puede ver afectado el control sobre los procesos y generar daños al medio ambiente. La agilización de trámites administrativos no debería poner en peligro la protección ambiental, sino facilitar los procesos impidiendo que muchos proyectos comiencen sin EIA por los retrasos administrativos. Aunque toda esta agilización de trámites se ha propuesto sin aumentar los recursos humanos y tecnológicos necesarios para asegurar la protección del medio ambiente.

Otro de los puntos que ha generado debate en el sector ha sido la creación de bancos de hábitat, sistema que lleva desde la década de los 80 funcionando en EEUU. Mediante esto, se podrá compensar el daño ambiental de un proyecto realizando una recuperación ambiental en otro lugar. El impacto cero es imposible, pues entonces el desarrollo sería nulo, cualquier modificación o interacción con el medio creará un daño en ese lugar que será irreparable, sea este daño más o menos elevado. Por ello, es una buena medida que el promotor se vea obligado a destinar parte de su presupuesto a mejorar el medio ambiente aunque no sea el que está en contacto directo con su proyecto, sin que por esto la normativa sea más permisible con él o le permita un daño mayor al comprometerse a mejorar la calidad ambiental de otra zona. Aún no se ha conoce como funcionará realmente este punto, pues se concretará en un reglamento próximamente ya que la Ley de Evaluación Ambiental ya ha sido aprobada.

Unido a estos dos puntos que son los que más preocupación suscitan, existe la preocupación ante una nueva Directiva Europea sobre el tema que implicará la adaptación de esta Ley, si fuera preciso, en un plazo máximo de dos años. La oposición, que ha votado en contra de la nueva Ley, critica que haya tramitado por vía de urgencia y sea un paso atrás en la evaluación de impacto ambiental y protección medio ambiental, punto en el cual coinciden varias ONG’s.

Aunque no todo han sido críticas desfavorables. Muchas de las enmiendas llegadas desde grupos de técnicos del sector han sido consideradas y se aplaude la consideración del daño de los proyectos al futuro del medio ambiente mundial al incluir estudios sobre el impacto de las acciones al cambio climático o la consideración de nuevas técnicas dañinas para el medio ambiente que no estaban incluidas en legislaciones anteriores.