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Las nuevas medidas del gobierno español, aprobadas el viernes en el Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental – a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) – están dando que hablar en los grupos ecologistas, detectando un cierto interés oculto y un claro lavado verde o “greewashing”, con el objetivo claro de seguir la lucha ante el gobierno gibraltareño poniendo como excusa las prácticas de “bunkering”, y por otro lado allanar los trámites a los “lobbys” para la explotación de gas con técnicas de fracturación hidráulica o “fracking”.

bunkering

Buckering y la hipocresía del Gobierno Español

El Gobierno ha introducido una serie de modificaciones en el régimen sancionador de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad para tipificar como infracción el ‘bunkering’, mediante el fondeo permanente de buques-tanque (gasolineras flotantes permanentes) o los vertidos de materiales para rellenos no permitidos.

A raíz de esta decisión del Gobierno, la asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha), a partir de los datos de comercio exterior, al que ha tenido acceso Europa Press, declaran que «no tiene mucho sentido endurecer los requisitos para prohibir una actividad en aguas españolas si son las grandes empresas de este país las que están vendiendo ese combustible allí». Las cifras delatan la hipocresía del gobierno español, en los últimos 18 años, España ha vendido sin IVA a Gibraltar productos petrolíferos por 9.920 millones de euros, de los cuales, la gran mayoría, a partir de 2006.

fracking

Pretende acallar a la ira de los conversacioncitas en contra el fracking

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha explicado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el objetivo de esta iniciativa es el de «colmar una laguna legal» en las zonas de especial conservación, donde se prohibían determinadas prácticas pero no había una tipificación sancionadora como es la del “fracking”.

La realidad es que son las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que están frenando los proyectos de “fracking”, por los que el Gobierno de Rajoy apuesta abiertamente. Con esta nueva ley se persigue acallar la ira de grupos conversacioncitas, donde ven en el “fracking” una nueva manera de explotación contaminante del suelo para extraer hidrocarburos, donde siempre ganan las multinacionales, agilizando los trámites.

Sirve para acortar plazos

La nueva Ley de Evaluación Ambiental, pretende garantizar la máxima protección del medio ambiente y  agilizar la evaluación ambiental, simplificando los trámites mediante el uso de las nuevas tecnologías en los procedimientos de evaluación ambiental, homogeneizando la legislación para todo el territorio nacional. Además se introduce la obligación de tener en consideración en la evaluación ambiental el cambio climático.

Incluso explico ayer, Arias Cañete, que se ha propuesto dar salida a los 10.000 expedientes que actualmente se acumulan esperando resolución. Aseguró que los retrasos paralizan proyectos que podrían generar 80.000 empleos y 1.000 millones de euros de inversión.

“La nueva Ley de Evaluación Ambiental no resuelve los problemas y se lleva a cabo sin correcta participación pública”, criticó ayer SEO/BirdLife, que añadió que la Unión Europea está trabajando en una nueva directiva. Es una ley reduccionista que busca principalmente acortar los plazos de los expedientes. Eso provocará que difícilmente se cumplan los plazos, lo que empeorará la calidad de los estudios de impacto ambiental. Finalmente, repercute en el medio ambiente”, señaló la organización.

Supone una mercantilización de la naturaleza

Otra de las novedades de la ley es la creación de bancos de conservación de la naturaleza, un instrumento de carácter voluntario que puede utilizarse para compensar o reparar la pérdida de biodiversidad que se produce como consecuencia de la ejecución de los proyectos con impactos ambientales o de la aparición de daños medioambientales derivados de las actividades económicas susceptibles de generar responsabilidad medioambiental. ´

Con esta medida, según Juan Carlos Atienza, de SEO/BirdLife, “Se van a poder comprar créditos en un mercado secundario, lo que supone una mercantilización de la naturaleza”. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, explicó ayer que los promotores que deban compensar la pérdida de biodiversidad que provocan sus actuaciones (reforestación, por ejemplo) podrán financiar proyectos ya existentes de ONG o fundaciones. “Antes estas medidas de compensación tardaban o eran de imposible ejecución”, señaló. “Buscamos movilizar recursos privados lo más rápido posible”.

Ojalá me equivoque, pero creo que detrás de esta nueva Ley de Evaluación Ambiental hay mucho humo y pocas resoluciones concretas para frenar  las emisiones contaminantes de empresas y demasiados intereses de “lobbys” en agujerear España en busca de gas y petróleo.

En cambio permiten agilizar los expedientes ambientales que llevan parados algunos más de 10 años, con medidas de recortes en todas las instituciones del estado.

No veo una política ambiental clara a favor de reducir los gases contaminantes, y más proteccionista que otra cosa. Sobre todo después de los “logros medio ambientales” aprobados con la regulación del auto consumo energético y quitando las subvenciones a las energías renovables.

Fuente:

“La nueva Ley de Evaluación Ambiental no resuelve los problemas”

“El Gobierno allana el camino a la explotación de gas con ‘fracking’ “

“El Gobierno modificará la ley sobre evaluación de impacto ambiental”

España surte de petróleo sin IVA a Gibraltar, que luego usa para bunkering