La nueva ley presentada por el Gobierno español pretende potenciar el uso de energías renovables y con ello reducir las emisiones de gases nocivos al medio ambiente.
Economía sostenible: un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva, que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto ambiental y el uso racional de los recursos naturales, de forma que permita satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidad de las del futuro para atender sus propias necesidades.
Así es como se define la economía sostenible en la ley que lleva el mismo nombre y que el Gobierno acaba de poner a tramite con una serie de objetivos claros; mejorar la competitividad, alcanzar la estabilidad de las finanzas públicas, fomentar la capacidad innovadora de las empresas, potenciar el ahorro y la eficiencia energética, promocionar las energías limpias, reducir las emisiones y hacer un tratamiento eficaz de los residuos, racionalizar la construcción residencial, extender y mejorar la calidad de la educación e impulsar la formación continua y por último, fortalecer y garantizar el estado social.
Ahorrar energía, fomentar el uso de energías renovables y limpias, reducir las emisiones al medio ambiente y respetar el planeta, son prácticas que sin duda pasan por el concepto de sostenibilidad y que como podemos ver en los objetivos de la ley, han de ser contemplados sin falta.
Habiendo fijado como objetivo nacional alcanzar una reducción del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como de aumentar en otro 20% el uso de energías renovables de cara al año 2020, la ley fija cuatro materias relacionadas con la eficiencia energética y el cuidado medioambiental, sobre las que trabajar.
Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, transporte y movilidad sostenible, ahorro y eficiencia energética y rehabilitación y vivienda, son los cuatro grandes ejes en materia medioambiental.
En cuanto al primero de ellos; la reducción de emisiones, además de los consecuentes esfuerzos que se han de hacer para reducir las cifras actuales, el compromiso de transparencia a la hora de informar sobre responsabilidad medioambiental por parte de las empresas, son los dos grandes retos.
Para ello, se creará un sello encargado de certificar que realmente se está produciendo una reducción de emisiones, así como un fondo público para la compra de créditos de carbono.
En cuanto al transporte y la movilidad sostenible, aspectos que afectan más directamente al ciudadano, se fomentarán planes de movilidad sostenible en las ciudades, se impulsarán planes de transporte de empresa, para potenciar el uso del transporte público colectivo y se hará una intensa promoción del uso de vehículos limpios, haciendo especial hincapié en el coche eléctrico.
En este sentido, Miguel Sebastián, Ministro de Industria, Turismo y Comercio, ha propuesto la creación de un pacto de estado para potenciar el uso de este tipo de vehículos, con dos grandes metas, «crear una opción de respeto medioambiental y otra de carácter potenciador de la industria».
Desde el Gobierno ya se han anunciado la creación de un fondo de 20.000 millones de euros que servirán para financiar, a través de Instituto de Crédito Oficial (ICO) «proyectos de innovación, tecnología, energías renovables y ahorro energético».
Además, en el marco de esta ley se promoverán políticas y estrategias encaminadas a fomentar la eficiencia energética con el objetivo fundamental de reducir la demanda de energía primaria.
El anteproyecto de ley sigue en boca de todos y pendiente de aprobación. Hasta que llegue ese momento, ahorrar energía y cuidar el medio ambiente, seguirá siendo un compromiso de cada casa.
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