Acuerdo UE–Mercosur: Una alarmante vulneración al derecho a la alimentación
SEAE, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología, manifiesta una profunda preocupación y rechazo ante la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur, prevista para este 17 de enero de 2026. Este tratado, presentado como un hito económico y geopolítico, representa en realidad una carrera a mínimos en materia de derechos sociales y salubridad ambiental y alimentaria, incompatible con los objetivos de sostenibilidad, acción climática y transición agroecológica que Europa dice defender.
Como productoras y consumidoras, con la aprobación de este acuerdo vamos a perder por completo la capacidad de decisión sobre nuestra alimentación, una cuestión mucho más que preocupante.
Este acuerdo profundizará la vulnerabilidad en todas las escalas sociales del sistema alimentario. La pequeña agricultura y la producción ecológica quedarán aún más expuestas a la competencia desleal, al uso intensivo de sustancias tóxicas y a los impactos crecientes del cambio climático, mientras que las grandes corporaciones reforzarán su control sobre los medios de producción —tierra, semillas, insumos y canales de distribución— y concentrarán las decisiones estratégicas sobre qué, cómo y para quién se producen los alimentos.
Esta pérdida de control colectivo sobre la alimentación nos hace a todas las personas más dependientes y frágiles frente a un modelo que prioriza el beneficio económico sobre la vida. En este escenario, el derecho a una alimentación sana y suficiente se vacía de contenido y se impone una lógica en la que, cada vez más, trabajaremos únicamente para poder comer.
El acuerdo UE–Mercosur se inscribe en una arquitectura de tratados de libre comercio que priorizan la mercantilización de bienes y servicios por encima de los derechos humanos, la protección de la naturaleza y el arraigo de los sistemas productivos en los territorios.
Concentración del sistema alimentario en una pocas manos
Bajo esta lógica, los alimentos dejan de ser un derecho básico para convertirse en meras mercancías, y la regulación pública se subordina a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales. Este enfoque reduce la capacidad de los Estados y de las comunidades para proteger la salud, el medio ambiente y las economías locales, y consolida un modelo que concentra poder y decisiones en manos de unos pocos actores privados.
Frente al poder corporativo, como persona, como ciudadanía, comunidades rurales, verdaderas productoras de alimentos, productoras familiares y trabajadores y trabajadoras del campo, perdemos completamente nuestros derechos sobre nuestra producción agraria y nuestra alimentación.
En definitiva, es un acuerdo intolerable en cuanto a que este modelo de liberalización comercial reproduce esquemas propios del siglo XX, obsoletos y ampliamente responsables de la crisis climática, la pérdida acelerada de biodiversidad y el aumento de las desigualdades sociales. Lejos de corregir estos impactos, el acuerdo los profundiza.
Impactos ambientales, de salud y climáticos incompatibles con nuestro futuro
El tratado favorece un incremento del comercio de productos agrícolas y ganaderos asociados a modelos extractivistas altamente dependientes de monocultivos, agrotóxicos y fertilizantes químicos, así como a la expansión de la ganadería industrial. Esto supone una presión directa sobre ecosistemas clave como la Amazonía, el Cerrado o el Gran Chaco, acelerando la deforestación, la degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad.
Además, al incentivar largas cadenas de suministro globales y el intercambio de materias primas agrícolas por productos industriales altamente contaminantes, el acuerdo contradice frontalmente los compromisos climáticos asumidos por la Unión Europea.
Queremos destacar que uno de los aspectos más preocupantes del acuerdo UE–Mercosur es su impacto sobre la salubridad de los alimentos y las condiciones laborales en el campo.
La entrada al mercado europeo de productos procedentes de sistemas productivos con menores exigencias ambientales, sanitarias y laborales supone una amenaza directa para la seguridad alimentaria y la salud pública y para los derechos y salud de las personas trabajadoras del campo.
El acuerdo promueve una competencia desleal que empuja a una armonización a la baja de los estándares, normalizando el uso de sustancias tóxicas prohibidas en la UE y debilitando los marcos de protección existentes. Como hemos señalado desde SEAE en distintas ocasiones, este proceso penaliza especialmente a la agricultura ecológica y a quienes apuestan por producir alimentos sanos, sin venenos y respetando los límites del planeta.
Otro de los aspectos más preocupantes de este acuerdo UE–Mercosur es que favorece el acaparamiento de tierras, mercados y capacidad de decisión por parte de un reducido número de grandes empresas transnacionales. Al concentrar el control de la alimentación en manos corporativas, se debilita la soberanía alimentaria de los pueblos y se margina a la pequeña y mediana agricultura, tanto en Europa como en América del Sur.
Lejos de promover economías rurales vivas, diversificadas y resilientes, el tratado refuerza la dependencia de las economías sudamericanas de exportaciones a bajo precio basadas en la sobreexplotación de recursos naturales, al tiempo que pone en riesgo la pequeña agricultura campesina.
Una alternativa necesaria: decrecimiento, comercio justo, agroecología y derechos humanos
Desde una perspectiva decrecentista, el acuerdo UE–Mercosur consolida un modelo económico incompatible con la agroecología y la soberanía alimentaria, al situar el crecimiento del comercio global por encima de la sostenibilidad de los sistemas agrarios y de la autonomía de los territorios. El fomento de flujos masivos de materias primas y alimentos a larga distancia incrementa la huella ecológica global, intensifica la presión sobre ecosistemas estratégicos y desvaloriza los esfuerzos de las cooperativas agroecológicas, que trabajan desde la proximidad, la diversidad productiva y el respeto a los ciclos naturales.
El decrecimiento plantea la necesidad de reducir la dependencia de los mercados globales y fortalecer circuitos cortos y economías locales. Sin embargo, el acuerdo avanza en la dirección contraria, reforzando el control corporativo de la cadena alimentaria y debilitando el papel de las cooperativas como herramientas de democratización económica y territorial.
Esta visión es compartida por el Foro Social Más Allá del Crecimiento, que agrupa a más de 90 organizaciones y promueve un modelo ecosocial centrado en la vida, los límites planetarios y la justicia social, en plena consonancia con los principios que defiende SEAE.
SEAE defiende que la alimentación agroecológica es un derecho de las personas que además cuida el planeta. Es imprescindible avanzar hacia marcos de cooperación internacional basados en la solidaridad, la protección de los derechos humanos, la salud pública, el bienestar animal y el respeto a los límites planetarios.
La agroecología ofrece una hoja de ruta clara para esta transición: sistemas alimentarios locales y territorializados, libres de tóxicos, socialmente justos y ambientalmente sostenibles. Cualquier acuerdo internacional que ignore estos principios supone un paso atrás.
Por todo ello, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología rechaza el acuerdo UE–Mercosur y se suma a las voces de la sociedad civil europea y latinoamericana que exigen su abandono. Este tratado no solo amenaza la agricultura ecológica y la pequeña producción agraria, sino que pone en riesgo la salud, el desarrollo rural y la capacidad de los pueblos para decidir cómo producir y consumir sus alimentos.
Defender lo ecológico, la soberanía alimentaria y la justicia social no es una opción ideológica: es una necesidad urgente para garantizar un futuro viable.
