El sector de las renovables está de enhorabuena, ha logrado la desaparición de «impuesto al sol» que estableció el Gobierno del PP para las instalaciones el autoconsumo eléctrico.

El cambio radical en las políticas energéticas de España, con la nueva Ley de Transición Energética, es una necesidad urgente hacia una transición energética que nos haga cumplir el Acuerdo de París.

El resumen de la nueva Ley parte se podría resumir en estros tres puntos:

• Una Estrategia contra la Pobreza Energética, con la ampliación del Bono Social y uno específico para la calefacción.
• Se suspende el impuesto a la generación eléctrica y al «céntimo verde», para moderar con urgencia el precio de la electricidad en el mercado mayorista y, en consecuencia, el recibo de la luz.
• Se reconoce el derecho a autoconsumir sin cargos, eliminando el denominado “impuesto al sol”. Se regula el autoconsumo compartido y se simplifican los trámites administrativos y técnicos del autoconsumo.

El diagnóstico de los expertos es que la situación energética en España era insostenible, ya no solo porque la electricidad está por las nubes. En la actualidad, el 83% de la energía depende del exterior, las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron un 4,5% el año pasado, fruto de la nula apuesta de Gobierno del PP en el campo de las renovables.

Se reconoce el derecho al autoconsumo eléctrico

Gracias al nuevo Real Decreto Ley de Transición Energética aprobado por el Consejo de Ministros, se garantiza el desarrollo del autoconsumo energético a los consumidores, mediante el acceso a alternativas más baratas y respetuosas con el planeta. Por otro lado contribuye a reducir las necesidades de la red eléctrica, genera mayor independencia energética y permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, es una actividad generadora de empleo vinculado a la transición ecológica, como ya se ha demostrado en países de nuestro entorno.

Según el Ministerio de Transición Ecológica, la nueva regulación impulsada por el Ejecutivo se basa en tres principios: se simplifican los trámites burocráticos y técnicos requeridos, como la inscripción en un registro para aquellas instalaciones no superiores a 100 kilovatios; se reconoce el derecho al autoconsumo compartido por parte de uno o varios consumidores, lo que permitirá aprovechar las economías de escala; y se reconoce el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin peajes ni cargos. 

Cumplir con los objetivos del Acuerdo de París

Con el objeto de cumplir con los objetivos de penetración de energías renovables fijados por la Unión Europea para 2020, lograr que el 20% del consumo energético  provenga de fuentes renovables, y materializar los objetivos del Acuerdo de París en los horizontes 2030 y 2050, España va a acelerar la integración de las energías renovables en su mix energético, una cuestión que contribuirá a reducir los costes energéticos en el medio y largo plazo, además de contribuir a la lucha contra el cambio climático, al que nuestro país es especialmente vulnerable.

Bajada de los precios de la electricidad

Como medida de choque ante la subida del precio de la luz experimentado en los últimos meses, el Real Decreto-Ley incorpora dos disposiciones relacionadas con la normativa fiscal con el objetivo de moderar, de forma directa, la evolución de los precios en el mercado mayorista de electricidad.

En primer lugar, se suspende el impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012, durante seis meses. En segundo lugar, se introduce una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para desactivar el mal llamado denominado céntimo verde.

Impulso al vehículo eléctrico

Uno de los problemas que detrae a los usuarios de adquirir un vehículo eléctrico es la baja disponibilidad de puntos de recarga públicos. Con el objeto de aumentar su presencia, el Gobierno elimina la figura del gestor de carga prevista en la Ley del Sector Eléctrico, pues se ha revelado como excesivamente rígida y desincentivadora de la actividad.

Medida para la protección al consumidor

Al disponer la mayoría de los hogares de contador digital, es necesario que los consumidores puedan acceder a los datos de de los mismos para planificar y ajustar los consumos. Una medida que ha tomado el Gobierno de Sánchez es permitir la contratación en multiplos de 0,1 y no como ahora que eran de 1,1 kilovatio. 

Teniendo en cuenta que, en el último trimestre de 2017, casi el 40% de los hogares tenía una potencia contratada entre los 4 y los 6 kilovatios, existe un margen para el ajuste y, por tanto, para el ahorro y la eficiencia en el consumo. Por ejemplo, un cambio de potencia de 0,5 kW – de 4,6 a 4,1 kW- podría suponer un ahorro en la factura anual de 26 euros en un hogar tipo, en el que vivan cuatro personas.

Ampliación del Bono Social

Como medidas de acción urgente, el actual bono social eléctrico amplía su cobertura. Entre otras cuestiones, el Real Decreto-Ley prohíbe el corte de suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años. Esta medida se hace extensiva también a los hogares donde resida al menos una persona con un nivel de discapacidad del 33% o superior. De igual modo, se aplicará cuando viva en la vivienda al menos una persona en situación de dependencia en Grado II y III. Estas circunstancias, que deberán evaluarse y acreditarse mediante certificados expedidos por los servicios sociales, no estaban contempladas en la anterior regulación del bono.

Por otro lado, y con el objeto de que más familias monoparentales puedan acceder al bono social, se determinan criterios de renta específicos para estos colectivos, más susceptibles al riesgo de pobreza energética, especialmente en el caso de las mujeres: el 85% de los hogares monoparentales tienen al frente a una madre. El umbral de renta máximo para que una familia monoparental pueda acceder al bono social se incrementará en 0,5 veces el IPREM respecto al de las familias biparentales.

Nuevas condiciones para el Bono Social

Bono para la calefacción

Para ampliar la protección de los beneficiarios del bono social eléctrico, el Ejecutivo crea un bono social término (BST). Se trata una ayuda económica directa para que los hogares vulnerables puedan hacer frente a sus gastos de calefacción, agua caliente o cocina este invierno, con independencia del combustible que utilicen.

Recibirán el BST este invierno los hogares que estén acogidos al bono social eléctrico a fecha de 31 de diciembre de 2018. Todo consumidor que cumpla las condiciones para acceder al bono social eléctrico y haya presentado su solicitud antes de la citada fecha percibirá el bono eléctrico y el de calefacción.

El importe del BST dependerá de la cantidad que se consigne cada año en los Presupuestos Generales del Estado y del número de beneficiarios del bono social eléctrico a 31 de diciembre. La cuantía de esta ayuda dependerá  de la condición de consumidor vulnerable o vulnerable severo, y de la zona climática donde esté ubicada la localidad en la que reside el beneficiario.

A modo de referencia, con un presupuesto de 100 millones de euros y si el número de beneficiarios del bono eléctrico a 31 de diciembre fuera de 1,5 millones, las cuantías del bono oscilarían entre un mínimo de 25 euros (para el consumidor vulnerable en zona cálida) y un máximo de 130 euros (para el consumidor vulnerable severo en zona muy fría).