El medio natural, especialmente cuando se trata de un espacio protegido, debe servir para el disfrute de todos los ciudadanos y ser conservado y cuidado. Así lo recoge la Constitución Española en el artículo 45. Sin embargo, determinadas actividades como la caza se saltan estos principios y eso es lo que quieren denunciar las principales asociaciones ecologistas.

SEO/BirdLife, WWF y Ecologistas en Acción se han unido para pedir a las administraciones públicas que cumplan con los principios constitucionales y no permitan que la caza acapare espacios naturales y/o protegidos. En las fechas en que se realizan actividades cinegéticas es complicado, e incluso peligroso, poder disfrutar libremente de la naturaleza, respetando el medio ambiente como se hace con el senderismo o la observación.

Esta imposibilidad no se aplica solamente a actividades recreativas o de ocio. Los domingos de invierno suelen coincidir en tiempo y espacio los cazadores con agricultores locales en la época, por ejemplo, de la recogida de la aceituna. Personas que realizan actividades agrícolas en sus tierras que están constantemente oyendo tiros, sin saber a ciencia cierta de dónde vienen o del peligro que pueden llegar a correr, inseguros en sus propios terrenos.

Los Parque Nacionales no son coto de caza

En las figuras de protección que deberían ser más estrictas (los Parques Nacionales), la situación es preocupante y se deberían tomar medidas. En Monfragüe y Cabañeros se han autorizado batidas (algo que es escandaloso por sí solo) durante algunos de los días festivos más populares, en los que estos parques se llenan de visitantes deseando disfrutar de la naturaleza, que se encuentran con carreteras y caminos públicos de acceso cortados al público general.

Esta situación se repite en otros espacios protegidos de menor categoría (que no importancia ni valor natural) como el Parque Natural del Alto Tajo, en Guadalajara, la Laguna de La Nava, en Palencia, o Villafáfila, en Zamora. El caso de Castilla-La Mancha es extremo, ya que tiene su propia ley que establece sanciones para las personas que puedan molestar a las especies cinegéticas en los días cercanos a las jornadas de caza, por ejemplo en la recogida de setas o espárragos en los montes manchegos. Y la protección de las especies, en este caso, no es con el objetivo de su bienestar o su correcta conservación, sino con el de mantenerlas en un estado óptimo para darles muerte.

Las organizaciones ecologistas creen que las administraciones competentes deberían velar por que se priorice la salud pública, la seguridad de los ciudadanos y la preservación del medio ambiente, frente a usos que puedan afectar de forma negativa a las personas y a la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad. Ningún uso privativo del medio natural puede significar un detrimento de los recursos medioambientales ni un impedimento o riesgo para que los ciudadanos realicen los usos públicos permitidos, especialmente cuando se trata de espacios protegidos.

Este perjuicio que ocasiona la caza a todos los ciudadanos se suma a los ya conocidos, que conviene recordar porque siguen existiendo y deteriorando el medio ambiente. La presión cinegética sobre determinadas especies pone en riesgo su conservación, en especial aquellas que muestran un declive poblacional en los últimos tiempos, como la tórtola europea (nombrada Ave del Año 2015 por SEO/BirdLife para destacar este hecho), la codorniz o la perdiz roja.

La caza produce contaminación por plomo

Además de la muerte de animales y la reducción de poblaciones, hay que mencionar otros impactos derivados como el uso de munición de plomo, prohibida en humedales por la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, debido a la grave contaminación que ocasiona en las aguas y que debería, al menos, sustituirse por otra menos tóxica (la contaminación de aguas está directamente relacionada con la salud humana) mientras se siga cazando.